El desfinanciamiento en salud sexual y reproductiva, con un recorte del 70% en tratamientos en Formosa, pone en riesgo derechos adquiridos. Las políticas nacionales que garantizan el acceso a métodos anticonceptivos y abortos legales se ven gravemente afectadas, obligando a las provincias a asumir responsabilidades que corresponden al Estado. En un contexto de ajuste, el futuro de estas políticas depende del esfuerzo provincial, pero la reducción de insumos genera una crisis insostenible en el acceso a la salud reproductiva.
El recorte del 70% en entregas de recursos perjudica Derechos Sexuales y Reproductivos en Formosa.
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