El gobierno de Donald Trump ha reactivado el programa 287(g), que permite a autoridades locales y estatales detener a personas en las calles para cuestionarlas sobre su estatus migratorio. Este modelo, que había sido suspendido en 2012 por denuncias de abusos, ha sido relanzado con nuevos acuerdos en al menos cinco estados. Los oficiales locales, capacitados por ICE, pueden interrogar a cualquier persona sospechosa de estar en el país de manera irregular. Sin embargo, este enfoque ha generado críticas por su potencial para aumentar la desconfianza en las comunidades inmigrantes y por los altos costos legales que podría acarrear.
El programa 287(g) reactivado permite a autoridades locales detener inmigrantes, generando preocupaciones por abusos.
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